Las guardianas de la justicia: mujeres mexicanas que están reescribiendo las leyes desde adentro

Hay un tipo de valentía que no se ve en las marchas ni en los titulares. Es la valentía silenciosa de quien entra a una sala de audiencias sabiendo que el sistema fue construido sin pensar en ella. La de quien firma un amparo a las tres de la mañana porque sabe que detrás de ese papel hay una mujer que no puede esperar. La de quien levanta la mano en una reunión donde nadie más la levantaría.

En México, cientos de mujeres llevan años ejerciendo ese tipo de valentía dentro de los sistemas legales, penales y de derechos humanos. No siempre con reconocimiento. No siempre con seguridad. Pero siempre con convicción.

El sistema que no las esperaba

Cuando Mariana Solís entró a la Facultad de Derecho de la UNAM en 2003, era una de las pocas mujeres en su generación que declaraba abiertamente querer trabajar en derecho penal. "Me decían que era muy rudo para mí, que mejor me fuera al área familiar o al notariado", recuerda. Hoy es defensora pública en Ciudad de México y ha representado a más de 300 mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas víctimas de violencia doméstica criminalizadas por el propio Estado.

Su historia no es única. A lo largo del país, mujeres que eligieron el derecho como herramienta de cambio se han topado con una paradoja dolorosa: las instituciones que supuestamente protegen a las personas más vulnerables suelen ser las más impermeables al cambio. Pero eso no las ha detenido.

Juezas que cambian precedentes

En 2021, la magistrada Tania Ramírez —nombre cambiado a petición suya— emitió una sentencia que se convirtió en referencia nacional: determinó que una mujer que había matado a su agresor en defensa propia no podía ser condenada bajo los mismos criterios que se aplicarían a un caso sin historial de violencia. El fallo, que citó perspectiva de género de manera explícita, fue apelado dos veces. Las dos veces fue confirmado.

"Aplicar perspectiva de género no es hacer favores", explica con calma. "Es leer el contexto real en el que ocurren los hechos. El derecho siempre ha tenido contexto. Lo que estamos haciendo es nombrarlo".

Este tipo de resoluciones no son casualidades. Son el resultado de años de formación, de protocolos impulsados por organizaciones de mujeres, de presión sostenida sobre instituciones que durante décadas ignoraron la dimensión de género en sus decisiones. Cada sentencia con perspectiva de género que se firma hoy tiene detrás décadas de trabajo colectivo.

Activismo con credencial

No todas las transformaciones ocurren en los juzgados. Algunas de las batallas más importantes se libran en oficinas de gobierno, en comisiones legislativas, en organismos autónomos que pocas personas conocen pero que tienen un poder enorme sobre la vida cotidiana.

Lucía Barrera lleva doce años trabajando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entró como asistente de investigación. Hoy coordina un equipo que documenta casos de violencia institucional contra mujeres en centros penitenciarios. "El sistema penal en México fue diseñado por hombres, para hombres", dice sin rodeos. "Las cárceles de mujeres son un reflejo de eso: infraestructura inadecuada, falta de atención ginecológica, invisibilización de las maternidades dentro del encierro".

Su trabajo ha derivado en recomendaciones que varios estados han comenzado a implementar. No todas. No rápido. Pero el registro existe, la evidencia está documentada, y eso —dice— es irreversible.

Las que abrieron brecha sin que nadie les pidiera permiso

Una de las figuras más importantes del derecho ambiental en México es una mujer de 58 años que empezó su carrera litigando casos de contaminación en comunidades indígenas de Oaxaca cuando nadie más quería tocarlos. Prefiere no dar su nombre completo porque sigue recibiendo amenazas, pero su trabajo ha sido citado en cortes internacionales.

"Cuando empecé, la gente me preguntaba por qué me metía en eso si no era de la comunidad", cuenta. "Y yo les decía: porque tengo herramientas que ustedes no tienen acceso, y es mi obligación usarlas".

Esa frase resume algo que muchas abogadas y activistas mexicanas han entendido: el privilegio de la formación académica conlleva una responsabilidad. No la de salvar a nadie, sino la de poner las herramientas al servicio de quienes más las necesitan.

Lo que cuesta no rendirse

Sería deshonesto hablar de estas mujeres sin hablar también del costo. Varias de las entrevistadas para este reportaje mencionaron episodios de acoso dentro de sus propias instituciones. Algunas han sido amenazadas. Otras han perdido casos que deberían haber ganado por razones que no tienen nada que ver con los argumentos jurídicos.

El agotamiento es real. La doble jornada —ser profesionista y cargar con las expectativas de género en casa— también. Y sin embargo, ninguna habla de arrepentimiento.

"Hay días en que quiero tirar todo", admite una joven abogada de 29 años que trabaja en una organización civil en Monterrey. "Pero luego recibo un mensaje de una mujer a la que le ganamos un caso de custodia, o de alguien que salió libre porque pudimos demostrar que su detención fue ilegal, y entiendo para qué estoy aquí".

Un México más justo se construye así

La justicia no llega sola. No cae del cielo ni aparece en los discursos políticos por arte de magia. Llega porque hay personas que se levantan todos los días a construirla, aunque el sistema las empuje hacia atrás, aunque nadie les aplauda, aunque el camino sea más largo de lo que cualquiera quisiera.

En México, esas personas tienen cada vez más cara de mujer. Llevan togas, credenciales de comisión, carpetas llenas de amparos, micrófonos en foros internacionales. Llevan también cicatrices que no siempre se ven.

Pero sobre todo llevan una certeza: que el derecho puede ser un instrumento de opresión o una herramienta de liberación, y que la diferencia la hacen las manos que lo sostienen.

Ellas eligieron sostenerlo diferente. Y México —aunque no siempre lo reconozca— es más justo gracias a eso.